La jubilación es una etapa que muchos ansían conquistar y que otros miran con recelo. Sean cuales sean los motivos, no cabe duda de que los 65 años de edad marcan un punto de inflexión en la vida de las personas. Sobre todo para las que desean dar por finalizada su etapa laboral tras años de esfuerzo. Sin embargo, debido a la actual coyuntura económica, demográfica y laboral, el sistema de pensiones que conocíamos hasta ahora puede cambiar en los próximos años.
No obstante, y aunque el dilema de las pensiones nos afecta a todos por igual, uno de los problemas dentro del ámbito empresarial reside cuando un trabajador está cerca de alcanzar su edad de jubilación. El trabajador es consciente de la gran diferencia económica entre su salario en activo y su prestación por jubilación. Esta situación, muy común en los medios y altos mandos, provoca que una buena parte de ellos decidan retrasar su edad de jubilación. Es en este punto cuando el tejido empresarial español se encuentra con directivos de más de 65 años en activo porque no quieren ver mermado su poder adquisitivo. Teniendo en cuenta que la pensión máxima en nuestro país en 2019 fue de 2.659,51 euros, no es de extrañar que muchos de ellos, con un salario base infinitamente mayor al que ofrece el erario público, prefieran dilatar su trayectoria laboral.
Sin embargo, no es cuestión baladí cómo la decisión de alargar la etapa laboral puede influir en el resto de la sociedad.
España, el segundo país de la UE con más paro
Hace unos días nos despertamos con una mala noticia: España vuelve a ser el segundo país de la Unión Europea con más paro. De hecho, en lo que se refiere al paro juvenil, nuestro país es el líder de la eurozona.
Llegados a este punto, es indispensable afirmar que el paso a las nuevas generaciones es, sin duda, una de las fórmulas para revertir esta situación.
¿Cuál podría ser la solución?
Con la puesta en marcha de un plan de rejuvenecimiento de plantilla, las empresas lo podrían compatibilizar con la creación de un complemento temporal o vitalicio mensual a las pensiones públicas a través de una póliza de seguro colectivo. Con esta herramienta, las compañías eligen la cuantía y los requisitos para su cobro, manteniendo los derechos de la póliza en todo momento. De esta forma, logran incentivar sustancialmente al empleado para acceder a las prejubilaciones, garantizándose un futuro sin sobresaltos y, a su vez, se rejuvenece la plantilla con éxito.
A diferencia de los planes de pensiones colectivos cuyas aportaciones son irrevocables, con estos sistemas de previsión social se puede vincular el derecho económico de los mismos a la jubilación efectiva a una edad determinada. El funcionamiento de estos planes es sencillo. Mediante un seguro de empresas para directivos, la firma constituye una fórmula retributiva diferida, basada en un complemento a la prestación pública de jubilación para el trabajador o trabajadores a los cuales se esté interesado en incentivar. Así, se puede establecer con el trabajador un compromiso por pensiones según el RD 1588/ art 7 donde se recojan las aportaciones que pueden ir a cargo de la empresa y/o del trabajador. En este caso, la legislación otorga a la empresa la libertad para imputar o no las primas hasta 100.000 euros anuales.
Además, se da la circunstancia de que, con la no imputación de primas la empresa goza de la posibilidad de recuperar las primas pagadas por adecuación de compromiso. Así se establece un escenario win-win, donde tanto la empresa como el trabajador gozan de ventajas. En este sentido, además de complementar la pensión pública del trabajador, se abaratan los costes sala- riales de la empresa y se favorece el rejuvenecimiento de la plantilla manteniendo un buen clima laboral. La flexibilidad en su constitución y prestación, el no tener un límite de aportación y el posible rendimiento financiero serían también ventajas de poner en marcha este plan.
Por ejemplo, una persona de 63 años con un salario de 90.000 euros supondría un coste para la empresa de mantenerlo hasta los 67 años de 486.000 euros. Mientras que incrementar la pensión máxima un 25% hasta los 50.722 euros supondría 127.797 euros a 10 años, 180.860. Si dicha alza se mantiene 15 años y 330.719 si decimos complementar la pensión de forma vitalicia. Jubilación incentivada, un plan para rejuvenecer la plantilla con éxito.
